Caso Uber: las claves de un debate aún por resolver

Los ecos del llamado «caso Uber» aún resuenan en nuestro país. Pese a las medidas adoptadas por el Gobierno el tema no parece haber quedado definitivamente zanjado, ni en España ni en muchos otros países en los que la empresa californiana ya ofrece (o pretende ofrecer en breve) sus servicios.

El debate, sin duda, todavía está abierto, mantiene plena vigencia y no parece que se vaya a resolver, en breve, de un modo satisfactorio para todas las partes implicadas. ¿Por qué? Pues porque el caso es bastante más complejo de lo que podría parecer a simple vista, y va mucho más allá del de la mera regulación del transporte público de personas: se trata, principalmente, del encaje de un nuevo modelo de economía (el colaborativo) en nuestras sociedades, de sus luces y sus sombras, de las oportunidades de negocio que puedan surgir a su amparo, de la picaresca asociada a las mismas y de las posibilidades, conveniencias e inconveniencias de su regulación.

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Caso Uber: economía colaborativa y regulación

Uber, una compañía con sede en California y participada por grandes corporaciones, como Google o Goldman Sachs, está acostumbrada a la polémica. Implantada en más de 60 países y 334 grandes ciudades de todo el mundo, Uber, aún en plena expansión, parece ser un nombre indisolublemente asociado a la controversia.

Y no es para menos, si tenemos en cuenta las cifras. Según estudios realizados por el sector del transporte en San Francisco, el impacto de Uber puede llegar a ocasionar pérdidas de hasta el 65% del volumen de negocio del taxi tradicional, algo que explicaría la preocupación y las movilizaciones que (sobre todo) los taxistas profesionales han protagonizado en multitud de ciudades donde la compañía se ha implantado o ha pretendido hacerlo. En Europa, Hamburgo o Berlín fueron algunas de las primeras ciudades en prohibir el servicio ofrecido por Uber, al considerarlo competencia desleal; a ellas las han seguido una larga lista en la que también se incluyen, como sabemos, países como España.

No entraremos en valoraciones sobre la conveniencia o la inconveniencia de permitir, regular o prohibir servicios de compañías como Uber, ni tampoco es la intención cuestionar que los servicios de transporte público de personas se deban llevar a cabo por profesionales debidamente acreditados. Pese a ello, el debate de fondo sigue abierto y, como decíamos, traspasa las fronteras de los nombres propios y los casos concretos de compañías como Uber; lo que subyace es el surgimiento y la expansión de un nuevo modelo de negocio basado en el concepto de economía colaborativa, y todo lo que ello representa no solo para el sector del transporte de pasajeros, sino para la logística y el transporte en un sentido amplio.

Parece evidente que se puede limitar o incluso impedir que empresas como Uber aprovechen vacíos legales (como sucede en muchos lugares) para desarrollar su proyecto empresarial; lo que ya no es tan claro es que sea posible (ni, a lo mejor, conveniente) frenar el desarrollo de una tendencia con tanta fuerza como la que a día de hoy ya disfruta la economía colaborativa en todo el mundo, especialmente en los mercados con economías desarrolladas o en vías de desarrollo.

Resumiendo, al afrontar el debate sobre Uber deberíamos distinguir dos cuestiones fundamentales: por un lado, la necesidad de regular aquellos espacios legales en los que tienen cabida actividades empresariales que, ejerciendo una competencia desleal, pueden perjudicar a sectores tan estratégicos como el del transporte. Sobre esta cuestión caben pocas dudas; no obstante, por otro lado está la apuesta creciente por un modelo económico más sostenible, de tipo colaborativo y que, aunque compañías como Uber la emplean como excusa con una legitimidad dudosa, ya forma parte de nuestra realidad más inmediata. Esta es, en el fondo, la clave que permite entender por qué, aún hoy, el debate sigue abierto, y la importancia que reviste afrontar la cuestión mediante un debate sereno, abierto y en el que participen los principales agentes implicados.

El futuro del sector del transporte se puede dirimir, en buena medida, en los resultados de este necesario debate, en el que cualesquiera extremos (dar la espalda a la realidad y a las necesidades de los consumidores, por un lado, y dar rienda suelta a la competencia desleal, por el otro) son igualmente perjudiciales y negativos ya no solo para las partes directamente implicadas, sino también para el conjunto de la sociedad.

 

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