Los últimos meses asistimos a un recital casi continuo de manifestaciones en pro y en contra de las nuevas medidas del Gobierno de España sobre el desvío obligatorio de vehículos pesados a tramos de autopistas con peaje, que se prevén implantar progresivamente a partir del próximo mes de abril.

Este plan gubernamental persigue básicamente 3 objetivos: descongestionar el tráfico en carreteras y vías convencionales, mejorar la seguridad vial y reducir los costes que genera mantener este tipo de vías soportando ciertos volúmenes de carga. Entre otras medidas, la que ha generado un mayor malestar entre las organizaciones y los profesionales del sector del transporte en España es la obligación de desviar las rutas de transporte en ciertos tramos, teniendo que circular por autopistas con la consiguiente asunción de los peajes correspondientes.

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Malestar generalizado en el sector del transporte

Como decíamos, el conjunto de medidas propuestas por el Gobierno no ha tenido, en general, una buena acogida en el sector del transporte en España. Por supuesto, los objetivos que persigue el Ejecutivo, y en concreto el Ministerio de Fomento, son también compartidos por el sector, al que no le convence tanto el cómo como el porqué.

Efectivamente, las quejas de las organizaciones del transporte más representativas se elevan contra la solución hallada por el Ministerio, y no contra las metas que se propuesto alcanzar con ella. Para los representantes del sector, obligar a pagar peajes (que serán subvencionados entre un 35% y un 50% con fondos públicos, según sea el caso) solo mermará los márgenes, ya de por sí extremadamente ajustados, con los que operan actualmente los transportistas en España.

Sin embargo, la acogida de la medida, si bien no ha sido buena, sí ha sido desigual. Mientras asociaciones como el Comité Nacional del Transporte se han pronunciado, hace escasos días, a favor de la medida siempre que sea con carácter voluntario y se implante por un período de prueba con carácter temporal (con una media de 6 meses), asociaciones como FENADISMER van un poco más allá y, también en la misma línea, abogando porque las medidas que se tomen por parte de las instituciones pertinentes sean siempre de carácter voluntario, hallan en la solución propuesta por el Gobierno un modo encubierto de beneficiar a las concesionarias de autopistas y peajes.

Por su parte, la mayoría de las asociaciones que agrupan a los transportistas autónomos son las que mantienen una actitud más contraria y firme contra la medida del Gobierno, que ha sido refrendada casi en los mismos términos propuestos por el Ejecutivo central en las comunidades autónomas con competencias sobre el transporte y las infraestructuras viarias. Los transportistas autónomos, como es de suponer, son los que se verán más perjudicados por la obligación de tener que pagar peajes, aunque parte de su coste esté subvencionado.

Las asociaciones más representativas del sector del transporte mantienen en todo momento la puerta abierta al diálogo con el Ejecutivo de Madrid y los organismos autonómicos competentes, con la mirada puesta en Europa para hallar una solución que satisfaga a todas las partes; respecto a este asunto, señalan que la conversión de las carreteras convencionales en vías de 2 carriles más 1, una medida ampliamente adoptada en el espacio comunitario, es una solución menos costosa que la propuesta por el Gobierno y con efectos evidentes en la mejora de la seguridad vial.

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